¿Qué es el Estado de bienestar?

Esta expresión fue utilizada por primera vez en 1941 por el arzobispo británico William Temple cuando propuso la conveniencia de extender el sistema educativo a todos los ciudadanos.

Un año después, el profesor William Beveridge, del Partido Laborista, apoyó sus tesis en un informe que llevaba su nombre. En él planteó el reparto de recursos y la nacionalización de ciertos servicios públicos para combatir el desempleo y la pobreza. Proponía dotar al país de un sistema avanzado de asistencia social que permitiera a los ciudadanos tener cubiertas sus necesidades en sanidad, educación, vivienda y ante una eventual contingencia laboral.

En 1945 estos principios fueron implantados por los laboristas tras llegar al poder. El modelo propuesto se basaba en una combinación de capitalismo y socialismo para aprovechar la eficacia del mercado y la capacidad redistributiva del Estado.

Desde entonces, estas ideas se extendieron por otros países occidentales, como forma de garantizar la paz y la estabilidad social interna tras la experiencia conflictiva anterior a la Segunda Guerra Mundial, y como alternativa a la expansión del comunismo tras la contienda.

Su existencia se vio impulsada por la Declaración de Derechos Humanos de la ONU en 1948, que pretendió garantizar la igualdad de oportunidades mediante el reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales como el acceso a la educación, la sanidad y la vivienda, así como la asignación de partidas destinadas a mantener la renta en situaciones de dificultad (pensiones de vejez y enfermedad, y seguro de desempleo).

Además, la teoría keynesiana permitió su puesta en práctica, gracias al intervencionismo estatal en la economía y a una política de redistribución de rentas.

En la práctica, el Estado de bienestar ha supuesto la asunción por parte del Estado de un papel más activo en la potenciación del sector público y la capacidad adquisitiva de la población que, con un empleo elevado y unos salarios dignos, mantendría un nivel de consumo favorable al sistema. Para ello, el Estado se comprometía a asumir una parte del coste del sistema de protección social a través de una fiscalidad progresiva sobre la renta personal y la prestación de servicios (Seguridad Social, educación universal y gratuita, empresas públicas en sectores básicos, etc.)

La consecuencia más visible de la implantación del Estado de bienestar ha sido el aumento del gasto social.

En España su implantación fue más tardía que en el resto de Europa. El franquismo, aunque aplicó algunas políticas sociales, nunca reconoció derechos y no invirtió los recursos necesarios para su puesta en marcha debido al sistema fiscal insuficiente y regresivo.

Fue con la implantación de la democracia cuando se acometió su implantación, aunque con una serie de limitaciones, fruto de la coyuntura de crisis económica y del clima ideológico internacional caracterizado por las críticas liberales a su ineficiencia y elevado coste. Pese a sus insuficiencias, se ha logrado garantizar la universalidad de la educación y la sanidad, así como la extensión de las pensiones, aunque son frecuentes las críticas por la calidad de los servicios públicos y la escasa cuantía de las pensiones.

Bibliografía:

FERRERA CUESTA, C., Diccionario de Historia de España, Madrid, 2005.

TOBOSO SÁNCHEZ, P., Diccionario de Historia del Mundo Actual, Madrid, 2005.

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